Etnias minoritarias en Guipúzcoa , la enciclopedia libre

Las etnias minoritarias en Guipúzcoa fueron discriminadas y perseguidas especialmente entre los siglos XV y mediados del siglo XIX.^[1]​

No fue un fenómeno local ya que en Europa tuvo las mismas características y en algunos casos más acentuados.

El concepto de " limpieza de sangre" fue una herramienta legal en los Reinos de España y Portugal que legitimó durante siglos que judíos, moros, negros, mulatos, agotes y gitanos fueran perseguidos y expulsados del territorio.^[2]​

Estas prácticas sobre las personas diferentes tuvieron muchas manifestaciones en Guipúzcoa y contextualizando el tema, es destacable que en algunos países europeos perduró hasta bien entrado el siglo XX.

Guipúzcoa defendía la condición social de todos sus habitantes como hijosdalgo, concedida por la ley 38 de las Ordenanzas de la Hermandad de 1397.^[3]​

La limpieza de sangre fue una cualidad atribuida en el Reino de España y de Portugal durante los siglos XV-XIX, a los "cristianos viejos", es decir, a aquellas personas que podían demostrar que todos sus antepasados o una parte importante de ellos no procedían de "judíos, moros y penitentes".^[1]​

Los juicios de limpieza se convirtieron en auténticos mecanismos de selección social, a través de los cuales un importante sector de la población, los judeocristianos (marranos, confesos, maculados, etc.) y, más tarde, los moriscos, agotes, gitanos etc. fueron eliminados de toda participación en la administración y en la vida de las diversas comunidades, tanto religiosas como seculares, de la Monarquía.^[1]​

La hidalguía reforzó que en 1510 se aplicara en Guipúzcoa una Real Cédula dictada por la reina Juana I de Castilla. La misma declaraba que ninguna persona que descendiese de linaje de judío o de moro, "o que fuese cristiano nuevamente convertido de estas sectas a la religión católica, pudiese avecindarse, ni vivir, ni morar" en esta provincia.^[4]​

Esa normativa concedía a los 'diferentes' un plazo de tres meses para abandonar el territorio, bajo amenaza de embargo y de cárcel, a la vez que especificaba castigos contra todo el que intente ampararlos o defenderlos.

Además, es significativo un texto aprobado por las Juntas Generales de Guipúzcoa en Deva en 1644: " para que todos los moros y moras, negros y negras, mulatos y mulatas que hubiese residentes en esta provincia fuesen echados de ella y que la ejecución de lo susodicho conviene mucho porque no se mezcle ni corrompa la limpieza y nobleza de la sangre de los de esta provincia con la de otras gentes de los géneros referidos".

"Se ordena y manda que ninguna persona de cualquiera calidad y condición que sea de aquí adelante no pueda traer ni tener en esta provincia ningún moro, mora, negro, negra, mulato ni mulata, y en caso de contravención las justicias ordinarias de esta dicha provincia prendan y pongan en la cárcel a cuantos hallaren de los géneros referidos y no los suelten si no es para ser echados de la dicha provincia" ;^[2]​

Las «Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa» del año 1457 prohibían el paso de judíos por la provincia y debían llevar señales identificativas. En 1485 se citaba a las poblaciones de Mondragón, Segura y Tolosa como asientos de población judía. El antisemitismo pasó a convertirse en un mal endémico en la sociedad.^[5]​

Sobre ellos se aplicó la orden real, en sintonía con el poder provincial, que exigía su expulsión del territorio en 1492, dándoles un plazo máximo de cuatro meses.^[6]​

Los moriscos eran musulmanes obligados a convertirse al cristianismo a principios del siglo XVI.

Al igual que en otros lugares del reino de España, en Guipúzcoa también se difundió un claro sentimiento anti morisco, con muchas disposiciones de las Juntas Generales contra este pueblo y una persecución en mayor o menor grado. El 9 de abril de 1609, el rey Felipe III firmó el decreto de expulsión de la nación morisca en todo el reino.^[7]​

Los esclavos que llegaron a Guipúzcoa estaban relacionados con personas que regresaron a sus casas solariegas tras servir al Rey en Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, y otras posesiones en ultramar tras las guerras de religión y de la colonización y explotación de África y América.

A partir del siglo XVII, La Junta Provincial intentó expulsar a los esclavos que existían en muchos municipios pero la oposición de los amos dificultó esta medida. Entre las personas de color había esclavos, pero también hijos de los 'amos', a los que estos últimos intentaban casar con hidalgas locales para que no pudieran ser expulsados del territorio por su color. Esto explicaba la existencia de matrimonios mixtos que a pesar de no ser muy bien vistos en algunos lugares sí existieron durante mucho tiempo,.^[8]​

Hubo un entramado compuesto por armadores, notarios y marinos guipuzcoanos que participaron activamente en el mercado de esclavos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX.^[9]​

Los esclavos solían ser marcados a fuego con distintas señales para reconocer su condición jurídica y evitar fugas. Una de las marcas más habituales era una S y una I bien visibles en cada carrillo: Sine Iure (sin derechos).^[10]​

Los agotes eran personas de un grupo etnológico de origen desconocido establecidas en la zona de Pasajes, valle del Baztán y al otro lado de los Pirineos.^[11]​

Es un misterio tanto el origen de su nombre como de dónde procedían. Tenían prohibidos muchos oficios y básicamente eran artesanos que trabajaban la piedra y la madera, y más tarde también el hierro.^[12]​

Otra actividad de los agotes que fue asimilada por la sociedad fue el de tamborileros y txistularis que eran contratados en las fiestas de los pueblos.^[13]​

Fueron acusados durante siglos de mantener prácticas religiosas paganas, e incluso de tener poderes mágicos. Se les responsabilizó, además, de todos los desastres naturales y de las malas cosechas.

Durante casi ocho siglos fueron víctimas de discriminación y se les prohibía casarse con personas de otros grupos.

Vivían agrupados en barrios de los municipios y en las iglesias tenían reservado un lugar, siempre secundario, donde situarse.^[14]​

En 1698 las Juntas Generales ordenaron la expulsión de los agotes por considerarlos indeseables. Esta expulsión se llevó a cabo mayoritariamente en las zonas costeras y en el Goierri.^[2]​

El pueblo gitano llegó a Guipúzcoa hacia el siglo XV procedente del subcontinente indio.^[15]​

La primera mención oficial en Guipúzcoa sobre este pueblo tiene lugar en las Juntas Generales celebradas en Tolosa en mayo de 1604, y no fue nada positiva para los gitanos. En el escrito se denunciaban los robos que cometían, y se acordó que las justicias ordinarias los prendiesen y expulsasen de su respectiva jurisdicción hasta hacerlos sacar de todo el territorio guipuzcoano.

Se les prohibió algunos oficios tradicionales, pero les permitieron la fabricación de cestos, trato de ganado, el esquileo o la venta ambulante.^[13]​

Ofrecieron además el premio de doscientos reales a cualquiera que cogiese a un gitano varón, y cincuenta por cada mujer o moza; declarando que si oponían resistencia a su arresto, se las podía matar lícitamente, y que la provincia saldría a la defensa del matador.

Hay otras disposiciones muy duras, como la de 1695, y que lleva a una extrema persecución con prohibición del uso de la lengua, traje, porte de armas, y la orden de empadronamiento obligatorio bajo pena de galeras, azote y destierro.^[16]​

Los corregidores, como el de Guipúzcoa, respondieron que aunque «por sus fueros» no pueden residir gitanos ni gitanas en «su territorio», se lo iban a comunicar a los alcaldes por si alguna persona gitana entra en «su jurisdicción

El 30 de julio de 1749 por orden de Fernando VI se produjo la denominada gran redada en todo el territorio español que consistía en recluir separadamente a los hombres y a las mujeres gitanos para que no pudieran reproducirse y conseguir así su extinción. Perduró hasta 1765^[17]​.

Los corregidores de Guipúzcoa respondieron que aunque «por sus fueros» no podían residir gitanos en «su territorio», se lo iban a comunicar a los alcaldes por si alguna persona gitana entrara en su jurisdicción.

A modo de ejemplo, está documentado la detención de siete varones, dos de ellos niños y siete mujeres, dos de ellas niñas en Oyarzun^[18]​.

El alcalde de la localidad vendió todos sus bienes para sufragar su traslado a la cárcel de Tolosa.

El Parlamento guipuzcoano fue promulgando varias disposiciones hasta casi finales del siglo XIX. Así, en las Juntas celebradas en Motrico en 1851 se encargó a la Diputación el cuidado de hacer desaparecer del territorio de la provincia a todas las personas de esta raza, que no tuviesen un modo de vivir honroso para subvenir a sus precisas necesidades.

En el pleno itinerante de Hernani en 1855 se decretó su expulsión por medio de miqueletes siempre que no justificasen tener casa abierta y domicilio fijo en algún pueblo de la provincia. Con semejante disposición quedó tolerada tácitamente la residencia de estas gentes en el país, mientras cumpliesen los requisitos exigidos para ello.^[2]​

Todavía a mediados del siglo XX en los certificados de nacimiento emitidos por los secretarios de algunos ayuntamientos del territorio no aparecía que el bebé había venido al mundo en un municipio en concreto, sino en punto kilométrico de la N-1 o de una carretera secundaria, ya que eran itinerantes y se desplazaban en carros tirados por famélicos caballos o mulas. ^[13]​

A pesar de la legislación en la materia que además era pregonada en las iglesias, se puede deducir que hubo excepciones en la aplicación de las normas.

Algunos alcaldes y ciudadanos fueron permisivos al no ver ningún peligro o inconveniente en la convivencia como lo muestran los reiterados mandatos de las Juntas Generales a los alcaldes para que actuaran con mayor celo.^[2]​