Neoliberalismo en el Perú , la enciclopedia libre

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El neoliberalismo en el Perú (a veces referido localmente como «neoliberalismo criollo»)^[1]​^[2]​ entró en el panorama político de ese país a finales de los años 1980.^[3]​^[4]​ Tuvo su punto de inflexión en la década de 1990 con la implementación del Fujishock, un conjunto de medidas económicas drásticas auspiciadas por el Gobierno estadounidense, y con la promulgación de la Constitución política de 1993, con fuerte influencia neoliberal,^[5]​ que convirtió al Estado peruano en uno mayormente empresarial, generadora de bienes, una situación que entra en contraste con otros países de América Latina.^[6]​ Este aspecto se acentuó durante el periodo de mayor crecimiento económico por el auge de las materias primas entre 2003 y 2013.^[7]​

Impulsada por Hernando de Soto, principal responsable de dotar una ideología política a los ejecutivos del país en los años 1980,^[8]​ es una de las corrientes que permaneció vigente en esa región, debido a que no ha sido cuestionada.^[9]​ Cuenta el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (en el conocido consenso de Washington)^[10]​ y empresas transnacionales.^[11]​ También, dispone del apoyo de la clase social en la costa peruana,^[12]​ con diferencias entre de la clase media.^[13]​ Como resultado, se estableció una élite económica que controla los sectores financieros, exportadores y de comunicaciones, los cuales son los factores determinantes en el extraoficial Consenso de Lima.^[14]​

A pesar de su nombre, la corriente del neoliberalismo llevó posturas conservadoras, al menos cuando asumió Alberto Fujimori, por lo que se diferencia con las liberales del siglo XXI por oponerse a una democracia plena.^[15]​^[16]​^[17]​^[18]​ Sus partidarios promueven medidas económicas como la desregulación y la privatización, incluyendo la eliminación de los programas sociales.^[19]​ Dicho modelo proporcionó al país en alcanzar la estabilidad económica a costas de una desigualdad social;^[20]​^[21]​ con una restricción evidente de la expresión en los sectores populares, que incluye a los indígenas.^[22]​

La economía liberal en el país surgió de la idea José Manuel Rodríguez, un congresista que representó la primera generación de economistas del Perú (finales del siglo XIX). Rodríguez formuló una política fiscal para intervenir en el control de capitales.^[23]​ En la Segunda Guerra Mundial (a mediados del siglo XX), el entonces ministro Pedro Beltrán Espantoso (educado en la Escuela de Economía de Londres) aplicó las primeras medidas de libre economía durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.^[24]​ Beltrán, quien difundió sus planes en el diario La Prensa,^[25]​ llevó a cabo medidas de ajuste y pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional.^[24]​

Durante los años 1959 y 1967, desde el gobierno de Prado hasta el segundo de Manuel Odría, la economía creció considerablemente.^[26]​ Sin embargo, para 1968, Perú redujo su inversión frente a otros países de Latinoamérica, según Ernesto Álvarez Miranda.^[27]​ En aquel entonces, una invisibilizada la clase media se unió a grupos oligárquicos para fortalecer su estatus social, en lugar de afianzarse con grupos que tenían ideas populistas.^[28]​

Luego del proyecto económico de Beltrán, a finales de la década de 1960, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó unificar la participación social,^[29]​ en la que se fomentaba la primacía del capital nacional sobre el extranjero. Los militares controlaron el poder económico de la oligarquía y, en menor medida, de la clase media.^[30]​ El enfoque populista duró poco, ya que el gobierno sucesor de Francisco Morales Bermúdez volvió a aplicar medidas de ajuste y eliminó el apoyo estatal a los trabajadores.^[31]​

En la administración de Francisco Morales, el historiador Henry Pease afirmó que el Estado había entrado en una economía social de mercado con la Constitución de 1979, modelo formulado por el Partido Popular Cristiano (PPC).^[32]​ Según Jürgen Schuldt, el PPC tuvo un plan de gobierno desarrollado por especialistas con la finalidad de establecer un «pensamiento económico neo-liberal en el país».^[33]​

En la primera mitad de los años 1980, Manuel Ulloa aplicó una nueva versión de economía liberal para hacer frente a la crisis monetaria. Ulloa, que integró el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, propuso la eliminación del control de precios y la limitación de los subsidios para la clase pobre mediante un sistema de entrega de cupones. Inspirado en el plan de Estados Unidos, este sistema no consiguió el resultado esperado.^[34]​ Adicionalmente, se planteó la privatización de empresas y la reforma del sistema tributario, pero estas medidas no fueron satisfactorias.^[35]​ El equipo encargado del plan de Ulloa se desmanteló en 1984.^[4]​

En 1986, el primer gobierno de Alan García revirtió el plan de Ulloa y recurrió a medidas socialistas para paliar la pobreza,^[36]​ como el uso de recursos acumulados del gobierno para financiar el consumo y las importaciones del país.^[37]​ Sin embargo, la falta de planificación del Estado ante la escasez de sus reservas y los intentos fallidos de estimular la inversión privada, acompañados del crecimiento de la inflación,^[38]​ entorpecieron el rendimiento de la administración pública del país.^[39]​ El mandato de Alan García convirtió a Perú en un Estado paria en el sector financiero.^[40]​ Asimismo, los empresarios que depositaron su confianza en Alan García como una alternativa a Belaúnde Terry se decepcionaron con el control gubernamental de las instituciones bancarias y los conflictos con las autoridades centrales.^[41]​

Fujimori implementó medidas de choque económico en los primeros años de su mandato, entre 1990 y 1991, con la adopción del Consenso de Washington.^[42]​^[43]​ Con el autogolpe de 1992 y aprovechando su breve periodo como gobernante de facto a través de un régimen represivo, promulgó la Constitución de 1993, con una marcada influencia neoliberal. Fujimori y sus allegados preveían haber terminado totalmente con la participación del Estado para 1998,^[44]​ pero no fue posible por la crisis económica de 1998 que afectó a varios países del Sudeste Asiático y a problemas internos dentro del país, entre ellos la oposición política contra Fujimori.^[45]​

Durante la implementación neoliberal, en 1994 se creó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta institución se encargó de proporcionar apoyo técnico e intelectual al Ministerio de Economía y Finanzas.^[46]​

El economista Hernando de Soto fundó una de las primeras organizaciones neoliberales en América Latina, el Instituto para la Libertad y la Democracia (ILD). Soto comenzó a recibir asistencia del Centro para la Empresa Privada Internacional (CEPI), una organización de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) bajo la administración estadounidense de Ronald Reagan, para promover las libertades económicas.^[47]​^[48]​ Entre 1988 y 1995, Soto y el ILD participaron en cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que modificaron significativamente el sistema económico del Perú.^[49]​ Además, Soto promovió la entrega de los títulos de propiedad a los sectores populares.^[50]​

Durante el fujimorato, de Soto asesoró al régimen y contribuyó a consolidar el sistema económico neoliberal, respaldado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).^[51]​ Esta última organización se encargó de convencer a los inversionistas que se desilusionaron por las medidas económicas del primer gobierno de Alan García.^[51]​

El régimen se centró en objetivos de estabilización (el Fujishock), en reformas a favor del mercado y en la inserción del Perú en el circuito financiero.^[52]​ No obstante, su estrategia fue objeto de controversia, como la supuesta adopción del Plan Verde y las semejanzas con el gobierno de Manuel Odría.^[53]​ Además, relanzaron al sol, su moneda histórica. En el juicio de 2009, Fujimori argumentó que sus medidas fueron necesarias para evitar que el Perú se convirtiera en un país paria en el ámbito financiero.^[54]​

Ante la oposición del Parlamento,^[55]​ que incluyó al Frente Democrático, Fujimori perpetró un autogolpe de Estado en 1992, con apoyo militar, en que tomó medidas drásticas.^[56]​ Durante los nueve meses de «emergencia y reconstrucción nacional», Fujimori llevó a cabo varias reformas institucionales mediante una centena de decretos supremos.^[55]​ Además, se oficializó el Congreso Constituyente Democrático, responsable de establecer la Constitución de 1993 y su capítulo dedicado a la economía social de mercado.

Las reformas económicas fueron dirigidas por el ministro de Economía Carlos Boloña,^[57]​^[58]​ quien anunció el inicio de los cambios institucionales el mismo día del autogolpe de Estado.^[59]​ Boloña abogó por una revisión de la perspectiva económica del Perú, argumentando que «[entre los años 1970 y 1990], las ideas y los gobiernos "populistas", socialistas o "mercantilistas" ejercieron [...] un predominio casi absoluto».^[60]​

En lo que respecta a las medidas de austeridad, se realizaron varias privatizaciones. Solo sobrevivieron unas pocas empresas estatales que no se vendieron ni se arrendaron del todo a particulares, como fue el caso del Banco de la Nación^[61]​ y los servicios básicos. Algunas empresas pasarían a formar parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, fundado en 1999.

En 1994, el proyecto neoliberal comenzó a tener frutos con una disminución marginal de la pobreza (de un 53.5 % en 1994 a un 49 % en 1997, según el Banco Mundial) y la creación de aproximadamente 1.3 millones de empleos, aunque muchos de ellos de calidad inferior.^[62]​ Según Germán Alarco, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el crecimiento económico experimentado entre 1994 y 1997 suele compararse con el de otros periodos de expansión económica previos, como los ocurridos entre 1922 y 1950, y entre 1952 y 1973.^[63]​

Adicionalmente, las medidas económicas consiguieron reestructurar a la clase media, con Lima concentrando aproximadamente el 46 % de su población en 2004.^[64]​ Si bien la clase media se benefició del crecimiento, esta fue marginada durante el gobierno de Fujimori, debido a la eliminación de algunos derechos laborales y la falta de empleo.^[65]​

La apertura a la inversión privada continuó en los siguientes años. En las elecciones de 1995, el empresario Roque Benavides afirmó que la élite empresarial había respaldado a Fujimori para seguir impulsando la participación del sector privado en el país.^[66]​ Sin embargo, las reformas económicas se estancaron en 1996, cuando el Gobierno estaba a punto de declarar el fracaso de la reforma.^[67]​ Un estudio realizado por la economista estadounidense Erica Field indicó que los países veían con buenos ojos el programa de titulación de tierras y sugirió cambiar la visión internacional del país para acabar con este estancamiento.^[67]​

Los países del Sudeste Asiático se interesaron por Perú y así, junto a otras naciones, evitaron que este cayera en el fracaso de la corriente neoliberal. En 1996, durante su visita a Malasia, el presidente Fujimori recalcó que el Estado peruano mantendría el sistema económico liberal y tomó como referencia las estrategias del país vecino.^[68]​ Cuando se reunió con su homólogo Kim Young-sam en ese mismo año, el líder ejecutivo también señaló la importancia de los inversores extranjeros de Corea del Sur por ser «socios del desarrollo».^[69]​ Tiempo después, en 1998, Perú optó a formar parte de la APEC, bajo el compromiso de liberalizar su comercio y garantizar las inversiones de sus socios en el país.^[70]​

Ante la intención de privatizar los servicios públicos del Estado, tal como había criticado el político Gustavo Mohme en 1999,^[71]​ surgió una alternativa: la empresa prestadora de servicios (EPS). Esta alternativa permitió que el Estado continuara operando en su etapa neoliberal. Sin embargo, no contó con autosuficiencia económica para operar y mantener su infraestructura, como indicó el Ministerio de Vivienda en 2024.^[72]​

En el caso del agua potable y saneamiento, los recursos hídricos no se privatizaron debido a la falta de apoyo del Banco Mundial.^[73]​ Las EPS se crearon con una participación mayoritaria de las municipalidades a largo plazo, mientras que el sector privado asumió un papel minoritario.^[74]​ En 2017, al menos 50 EPS cubrían a 18.6 millones de habitantes urbanos, de los cuales 16.5 millones contaban con el servicio de agua potable y 14.9 millones tenían una conexión de alcantarillado.^[75]​ Estos servicios fueron criticados por no tener autonomía para tomar sus propias decisiones financieras.^[75]​

En los servicios de salud, el sector privado tuvo la autorización de participar en la atención de personas que aún no estaban cubiertas por el Estado.^[76]​ La institución de seguro social, EsSalud, permaneció exenta del proceso de privatización.^[77]​

Cuando se oficializó el sistema neoliberal, el Estado se enfrentó a problemas laborales y económicos. Algunos de estos problemas se debieron a la falta de garantías de empleo en el sector público.^[79]​

Las medidas de flexibilización laboral terminaron en denuncias ante instancias supranacionales. El laborista Javier Mujica afirmó que los trabajadores denunciaron al Estado por infringir los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),^[80]​ lo que provocó que Perú lo denunciara ante dicho organismo en 1996.^[81]​ En el año 2000, se produjeron despidos de más de medio millón de empleados que no recibieron ninguna indemnización por sus empleos.^[82]​ En 2002, los dirigentes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales solicitaron la restitución de los puestos de trabajo eliminados desde 1992.^[83]​ Posteriormente, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Perú responsable de infringir los derechos laborales de 164 empleados públicos cesados en la década de 1990.^[84]​

En una serie de publicaciones del IPE, el analista Roberto Abusada señaló que no todas las reformas neoliberales se implementaron correctamente, al menos en 1998, cuando la administración central entró en su propia crisis.^[85]​ Según Juan José Marthans, esta crisis económica y política fue más intensa que la ocurrida a inicios de la década.^[86]​ El economista Félix Jiménez señaló que en 1999 se añadió el conflicto social como consecuencia de la pobreza de parte de la población, provocada por la recesión.^[87]​ A pesar de los problemas de la economía internacional, como ocurrió con la crisis asiática, Perú estableció contactos con otros países, relación que se mantuvo durante los años siguientes.^[88]​

Las reformas económicas permitieron que algunas empresas recibieran beneficios fiscales millonarios, y 78 de ellas continuaron recibiéndolos en las dos décadas siguientes.^[89]​ Esta permisividad se debió al decreto supremo 120-94 EF, que establece la exoneración de algunos impuestos para potenciar su participación en el país.^[90]​^[91]​ Este decreto supremo es una muestra de la consolidación de grupos de poder complacidos con el Estado.^[92]​ Además, el sector privado permitió contratar a trabajadores de las antiguas empresas que fueron adquiridas, según Javier Diez Canseco.^[93]​

Con la crisis política del año 2000, Fujimori propuso elaborar nuevos decretos «urgentes» para revertir las medidas económicas con el propósito de centrarse en la atención social y así mejorar su imagen presidencial de cara a las nuevas elecciones. Los líderes empresariales rechazaron propuestas como la eliminación de la exoneración de impuestos al sector minero, lo que provocó que los inversionistas extranjeros perdieran el interés en colaborar con el país.^[94]​

Al término del gobierno de Alberto Fujimori, la Confiep instó a la administración interina de Valentín Paniagua a abstenerse de intervenir en la economía privada del país. El representante de la organización, Roque Benavides, advirtió que cualquier intento de afectar a la estabilidad bancaria del país se consideraría un «[acto de] terrorismo financiero».^[96]​

Años después, el gobierno de Alejandro Toledo marcó el inicio de una nueva etapa en el sistema político peruano, tras la terapia de choque y los decretos del autogolpe de 1992. Esta etapa se caracterizó por la reestructuración de las instituciones públicas, entre ellas, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)^[97]​ y el Consejo Nacional del Trabajo (para promover la reactivación del sector laboral).^[98]​

Toledo mantuvo su postura a favor de la privatización.^[99]​ Una de las medidas correspondió a la venta de empresas de electricidad.^[100]​ Esta medida suscitó protestas en el sur del país, donde se proyectó subastar estas entidades.^[101]​ El gobierno también propuso privatizar la empresa de agua de Lima, Sedapal,^[102]​ pero no se concretó. El dinero obtenido de la privatización se destinó a los sectores de salud y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.^[98]​

Con el debilitamiento gradual del Consenso de Washington a lo largo de la década del 2000, surgió de manera informal el Consenso de Lima.^[103]​ El término fue acuñado por el politólogo Steven Levitsky para identificar la relevancia de los grupos de poder peruanos,^[104]​^[105]​ que se caracteriza en llevar una postura más ortodoxa que la anterior.^[103]​ En este escenario, Alan García, quien ejerció la presidencia de la república entre los años 2006 y 2011, llevó al extremo la ideología neoliberal, facilitando la exportación de tierras y fomentando la recepción de inversiones foráneas sin restricciones.^[106]​ Estas acciones encontraron el rechazo inicial de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, debido a su incredulidad respecto a su gobierno anterior (1985-1990).^[107]​

García tomó algunas medidas de la administración fujimorista como la explotación de los sectores primarios. También promovió la mano de obra barata, que no pudo aplicarse adecuadamente en el gobierno de Toledo.^[108]​ Aprovechándose de la mala imagen de Toledo, el político pronunció discursos orientados contra la pobreza,^[109]​^[110]​ mientras incorporaba a ministros alineados con su postura ideológica.^[111]​

El Consenso de Lima surgió en simultáneo con el apogeo de las materias primas en aquella década.^[112]​ El período de prosperidad que atravesaba el Perú le permitió incrementar el tamaño de su economía a partir de la extracción intensiva de recursos esenciales y diversificar los minerales que se estaban extrayendo,^[113]​ al mismo tiempo que la población alcanzaba mayores niveles de poder adquisitivo gracias al acceso a líneas de crédito financiero.^[114]​

Cabe destacar que, en 2004, la Sociedad Nacional de Industrias manifestó su preocupación por los intereses «mercantilistas» de las empresas dependientes de las exportaciones de dichos bienes.^[115]​ Tras la actualización del modelo neoliberal en el país, el analista Carlos Adrianzén indicó en 2009 que, al igual que en el gobierno de Fujimori, no se fortalecieron las instituciones peruanas ni se implementaron reformas educativas y financieras para garantizar un mayor rendimiento de los ingresos.^[116]​

Hacia finales de los años 2010, Pedro Pablo Kuczynski, quien participó en la reunión de Washington de 1989,^[118]​ fue el siguiente presidente de la República en asumir posturas neoliberales.^[119]​ Su principal fuente de apoyo fueron los jóvenes simpatizantes que defendieron ese sistema cuando Kuczynski se presentó como candidato en 2011.^[120]​ En ese entonces, solo se buscó mejorar el sistema de distribución de riqueza y la eficiencia en obtención de recursos.^[118]​

Las disputas con el fujimorismo (corriente liderada por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori) y la posterior dimisión de Kuczynski marcaron una nueva crisis política (de 2016 a 2020), en que no hubo un representante capaz de afrontar el descrédito del gobierno y otras instituciones del país.^[121]​ Los economistas Bruno Seminario^[122]​ y Pedro Francke,^[123]​ la investigadora Marina Mendoza^[124]​ y el docente Fernando Villarán^[125]​ aseguraron que la década de 2010 marcaría el final del neoliberalismo.

Con la pandemia de COVID-19 en el país, la clase media empezó a reducirse de 14 millones de personas en 2019 a casi 8 millones en 2021.^[126]​ El economista Pedro Francke afirmó que, cuando el país recibió la pandemia de COVID-19, una parte considerable de la población peruana habría descuidado su salud y dependía del empleo presencial para obtener dinero y sobrevivir.^[127]​ Durante el gobierno de Martín Vizcarra, el país no fue capaz de modificar su legislación para fomentar los servicios asistenciales gratuitos^[128]​ y la Confiep se negó a regular el precio de los medicamentos.^[129]​

La insuficiente infraestructura y personal para atender el sector y la desigualdad social en el interior del país contribuyeron a que Perú tuviera una de las peores gestiones en la lucha contra la pandemia a nivel mundial.^[130]​ Parte de los servicios financieros y clínicas, algunas de ellas apoyadas por el Estado para evitar su bancarrota, fueron indiferentes a la hora de ofrecer una atención digna a la población más vulnerable.^[131]​ En cuanto a las universidades privadas, los estudiantes denunciaron que se les exigía una cuota mensual mientras estudiaban a distancia,^[132]​ por lo que la Sunedu exigió que se transparentaran dichos gastos.^[133]​

Dado el desinterés de las administraciones anteriores en invertir en sectores de educación, tales como en salud, y en programas sociales, la subvención económica fue la mayor estrategia del gobierno para mitigar la precaria situación de los pobladores vulnerables durante la pandemia. No obstante, aquella subvención solo se podía recibir presencialmente en las agencias correspondientes, por lo que la población vulnerable estuvo propensa a enfermedades.^[134]​

La candidatura presidencial de Pedro Castillo, quien compitió con la imagen conservadora de Keiko Fujimori, generó el temor de los simpatizantes de la corriente neoliberal. Por ejemplo, el tabú en torno al gasto público.^[135]​ Este temor se tradujo en la retirada de algunos capitales de las empresas administradas por las familias Romero y Brescia antes de la segunda vuelta.^[136]​ El economista Alonso Segura declaró en el diario Gestión que las propuestas de Castillo evidencian su animadversión hacia la inversión privada y las comparó con las medidas económicas tomadas en el primer gobierno de Alan García.^[137]​ Sin embargo, el temor de que Castillo buscara modificar sustancialmente el sistema económico no se demostró en la práctica. De hecho, según el analista Jan Lust, las acciones de Castillo terminaron siendo contraproducentes y no lograron un impacto significativo en la economía.^[138]​

Cuando Pedro Castillo fue elegido presidente en 2021, que marcó una nueva crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso, los problemas sociales continuaron agudizándose.^[139]​^[140]​ El economista Hernando de Soto, quien se presentó a las elecciones presidenciales ese mismo año, calificó el gabinete liderado por Castillo como una «Confiep de terrucos».^[141]​ La coalición Empresarios Unidos por el Perú, formada por 197 asociaciones, gremios y conglomerados empresariales a nivel nacional, expresó su rechazo a un proyecto de asamblea constituyente en 2022 propuesto por Castillo en 2022.^[142]​

Tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2022. La nueva mandataria intentó formar un gabinete que se asemejara a los conceptos neoliberales.^[143]​ Durante su gobierno, Boluarte buscó priorizar el «shock de inversiones» con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.^[144]​ Además, se dio preferencia al sector de la inversión y construcción de escuelas, representado por un empresario que había apoyado a Keiko Fujimori durante la crisis electoral.^[145]​

El mandato de Boluarte coincidió con el auge de la convulsión social, que intensificó la crisis política, con algunos simpatizantes demandando una nueva constitución.^[140]​ El politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Católica de Perú, Alonso Cárdenas, señaló que la élite política impidió cumplir los reclamos constitucionales de los pobladores a través de una campaña de terruqueo.^[140]​ Uno de los departamentos que experimentaron protestas fue Puno, que sufrió una reducción significativa de sus operaciones, equivalente a una cuarta parte de su actividad en años anteriores.^[146]​ En este departamento ocurrió la masacre de Juliaca, perpetrada por policías.

Las cifras sobre la población de la clase media continuaron disminuyendo, con mayor intensidad en Lima Metropolitana y Callao, donde la clase media bajó de 60 % de la población en 2019 a 47 % en 2023, dejando fuera del grupo a casi 1.2 millones de personas.^[147]​ Además, un estudio de 2023, por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que más del 50 % de la clase media trabajadora nacional no pudo formalizarse.^[148]​

En 2023, la reducción de la inversión privada y las expectativas empresariales pesimistas por el rechazo social a Boluarte provocaron una nueva caída económica en Perú,^[149]​ la más grave desde la crisis financiera asiática de 1997.^[150]​ Según una encuesta de opinión realizada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 7 de cada 10 empresarios no tenían previsto realizar inversiones en los últimos meses del año.^[151]​ El economista Kurt Burneo atribuyó la pugna entre los poderes del Estado como responsable de la falta de estabilidad económica.^[152]​

El neoliberalismo se caracteriza por ser individualista y egocéntrico, y adopta conceptos clásicos de la ideología.^[153]​ Desde el punto de vista narrativo, se defiende que el país depende de una comunidad política conformada por individuos (ya sean empresarios o integrantes de gremios), quienes «deben enriquecerse» para lograr el progreso de los peruanos y así ganarse su liderazgo en la toma de decisiones del país.^[1]​ Su narrativa intentó extenderse a otros sectores de la sociedad mediante la promesa de superación.^[154]​

A diferencia de los movimiento cooperativos en el gobierno de Velasco Alvarado, las leyes de los años 1990 ya no se basan en los reclamos sociales por derechos. En el caso de los cooperativistas, la única opción es convertir sus tierras en empresas y repartirlas individualmente, lo que cumple con la lógica jurídica neoliberal de privilegiar los derechos individuales en el mercado.^[3]​

Un punto determinante es que en Perú, a pesar de los debates sobre la alternancia entre proyectos conservadores y liberales, ambos proyectos mantuvieron pautas coloniales que otorgaban al Estado un papel central en la creación de riqueza y bienestar. Según el historiador Franklin Pease García Yrigoyen, luego de la independencia del Imperio español, la nación no promovió el emprendimiento privado y mantuvo un Estado monopolista y centralizado. Los comerciantes extranjeros, considerados representantes del liberalismo económico, se adaptaron rápidamente a las tradiciones conservadoras de hacer negocios.^[155]​

Antes de la llegada de Alberto Fujimori al poder, Hernando de Soto escribió El otro sendero, en el que acusaba la presencia de un Estado intervencionista en el mercado.^[156]​ El libro generó polémica por difundir de ideas mercantilistas no explicadas en profundidad.^[157]​ Especialistas como Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch catalogaron su visión de «neoconservadora» por naturaleza, debido a los derechos que aplicarían a los trabajadores en condición de informalidad (uno de los más relevantes en el precario sistema laboral del país).^[158]​ El analista Carlos Alberto Adrianzén afirmó que esa obra fue importante para acercar a los empresarios al poder político.^[159]​

En el gobierno de Alberto Fujimori, muchas medidas se basaron en el consenso de Washington, en que se centró económicamente en la desregulación y la privatización con el objetivo de migrar el Estado a una economía neoliberal.^[60]​^[160]​ El Congreso de la República apoyó la promoción de un Estado neoliberal.^[5]​ Ciertas posturas recibieron el visto bueno de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un grupo económico enfocado en políticas económicas,^[161]​ donde su director Jorge Camet asumió como ministro de economía (sucediendo a Boloña).^[162]​

En el siglo XXI, el neoliberalismo fue recibido positivamente por los defensores de esa tendencia por su capacidad de obtener recursos a cambio de generar megaobras.^[163]​ Sin embargo, no todos los defensores están de acuerdo. En los años 2020, algunos empresarios se separaron de la Confiep y formaron la Unión de Gremios del Perú, en que se reemplanteó la economía social de mercado diferente de lo planteado por la primer gremio.^[164]​

En el marco de la reforma estatal de Fujimori, el economista Carlos Matus expuso la introducción de «tecnopolíticos», tecnócratas que poseían una perspectiva distinta y promovían valores democráticos y la satisfacción de las demandas ciudadanas.^[165]​ Según Alberto Vergara, cuando hubo un colapso de los partidos políticos en la década de 1990, en que dieron lugar a una generación de políticos aficionados, los políticos aficionados sin partidos no pueden competir con el experimentado cuerpo de tecnócratas neoliberales que operan dentro del Estado.^[166]​

El sociólogo Agustín Haya de la Torre dedujo que la política había sido invadida por el mundo empresarial y comercial. Los parlamentarios elegidos por los nuevos partidos representan en gran medida intereses privados. Los gabinetes están dominados por empresarios y las decisiones se basan principalmente en un enfoque de coste-beneficio, priorizando los resultados financieros sobre los valores republicanos.^[167]​ El diario La República afirmó que, en el CADE Ejecutivos de 2000, los líderes empresariales se interesaron por la política tras la ausencia de Alberto Fujimori en ese evento.^[168]​

El autor Francisco Miró-Quesada Rada señaló la existencia de «partidos empresa», liderados por empresarios con cualidades caudillistas y oligárquicas.^[169]​ Además, el especialista Steven Levitsky afirmó en 2020 que no existían partidos políticos puros, y que lo que había eran «franquicias alquiladas a la gente para llegar al Congreso y hacer dinero o negocio».^[170]​ Dicho argumento fue compartido por Percy Medina, jefe del capítulo peruano de Idea Internacional, en 2023.^[171]​

La formalización de la propiedad fue propuesta por Hernando de Soto en 1988 y aplicada en 1996, tras la aprobación del Banco Mundial y del gobierno de Alberto Fujimori.^[172]​ El entonces gobierno de Fujimori eliminó el sistema mutual, lo cual facilitó el crecimiento de terrenos urbanos sin un proceso regulatorio.^[173]​ En 1996, se promulgó el Decreto Legislativo n.° 803, que estableció como de interés público la formalización de la propiedad privada en las viviendas y creó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).^[174]​

Adicionalmente, con la Ley de Inversiones en el Agro (1991) se permitió la compra y venta de suelos agrícolas (prohibida desde la primera reforma agriaria), que estuvo acompañada con la norma sobre Titulación de Comunidades Campesinas de la Costa (1996) y así garantizar el comercio desde latifundios.^[175]​

Además de las propiedades de viviendas y suelos agrícolas, en 2024, el economista Hernando de Soto señaló en una entrevista que algunas áreas mineralizadas están en manos del sector informal. Además, indicó que la pandemia del COVID-19 afectó al rendimiento de las empresas informales, por lo que los pequeños mineros peruanos que recurrieron a préstamos en lugar de capitalizar su terrenos han precipitado su colapso.^[176]​

El régimen de Fujimori implementó una agenda autoritaria que reestructuró los derechos sociales para alinearse con los principios neoliberales basados en el mercado.^[177]​

En medio de la crisis económica peruana en los años 1990, se reformó el Sistema Privado de Pensiones (SPP), que es el sistema de seguridad social del país. La reforma coincidió con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Perú. Como parte de las directrices económicas, el Estado peruano buscó desmantelar las estructuras sindicales preexistentes y adoptar un modelo estatal que favoreciera la rentabilidad del capital extranjero. Además, se crearon de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por lo que algunos de los trabajadores tuvieron la obligación de afiliarse.^[178]​ La creación de las AFP encontró inicialmente la oposición del movimiento sindical.^[179]​

Posteriormente, las medidas de flexibilización laboral minimizaron el papel del sindicalismo en la protección de los derechos de los trabajadores. El país implementó prácticas de contratos temporales y empleos precarios,^[180]​ lo que debilitó la exigencia de unirse a un sindicato como condición para mantener la estabilidad laboral.^[181]​ Esta tendencia, sumada a la informalidad laboral prevalente, dificultó la mejora de las condiciones laborales en el país.^[182]​ El especialista Alfredo Villavicencio Ríos atribuye esta situación a la inexistencia de mecanismos de redistribución de la riqueza.^[183]​ Una encuesta realizada en 2004 por la Universidad de Lima reveló que solo el 5 % de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos, los cuales atravesaban una crisis de identidad en cuanto a la defensa de los derechos laborales.^[184]​

La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992 es la norma fundamental para regular la situación laboral en el Perú. La ausencia de una disposición específica sobre el sindicalismo en la Constitución de 1979,^[185]​ derogada en 1993, que solo se limitaba a reconocer el derecho a formar sindicatos con libertad,^[186]​ motivó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso a citar dicha ley en el año 2001. El objetivo era modificar las normas que protegen a los trabajadores ante un despido arbitrario.^[187]​ Estas modificaciones fueron recibidas con beneplácito por la Confederación General de Trabajadores del Perú, mientras que la Asociación de Exportadores (ADEX) las rechazó.^[187]​ Posteriormente, durante el gobierno de Ollanta Humala, se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como ente supervisor de las posibles irregularidades por parte de los empleadores.^[188]​

En 1998, la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) destacó la reducción de la densidad sindical atribuida a las reformas laborales implementadas por el gobierno. Estas reformas otorgan a los empleadores la potestad de externalizar hasta el 90 % de su fuerza laboral mediante la contratación de empresas de servicios, cooperativas y programas de capacitación para jóvenes.^[189]​ Notablemente, han surgido esfuerzos de organización sindical para salvaguardar los derechos de los trabajadores, ejemplificados por la formación de asociaciones laborales en los canales de televisión peruanos América (SutramericaTV) y Latina (Sintralatina).^[190]​ Estas asociaciones fueron inscritas en los años 2020.

En 2019 se elaboró el Plan Nacional de Competitividad, con estrategias enfocadas en la formalización del empleo.^[191]​ La iniciativa fue criticada por sindicatos laborales al considerar que priorizaba la competitividad por sobre los derechos laborales.^[192]​ En contraste, en 2021 se puso en marcha la Agenda 19, una serie de directrices propuestas por el economista Íber Maraví (del gobierno de Pedro Castillo) para fortalecer los derechos de los trabajadores tras supuestamente acordar con los empresarios.^[193]​ Esta última medida generó detractores como la Cámara de Comercio de Lima por suponer que esto limitaría la actividad del sector privado desde una «visión ideologizada».^[194]​ En 2023 se anunció reemplazar la mencionada agenda a cargo del asumido ministro del gobierno de Dina Boluarte, Alex Contreras.^[195]​

En el sentido judicial, los grupos de poder económico se mostraron críticos del sistema jurídico peruano, debido a su excesivo formalismo y la desconfianza de sus funcionarios. Según esos grupos, en 1997 la justicia era administradas mayoritariamente por magistrados de sectores bajos y de menor educación. Como resultado, los empresarios poderosos adoptaron medidas alternativas, como el arbitraje. Para el catedrático Wilfredo Ardito Vega, la utilización de estos mecanismos legales no estatales para resolver disputas expuso la dificultad de los sectores rurales en defender sus derechos.^[196]​

De forma similar a la ideología neoliberal de Hernando de Soto,^{[nota 1]}​ la política de asistencia de social de Fujimori se vio influida por corrientes neopopulistas.^[197]​^[198]​^[199]​ Si bien los tecnócratas dominaron el debate político, el presidente se rodeó de populistas.^[200]​ Estos últimos tuvieron un papel importante en la atención a las necesidades del gobierno, aunque sin una representación gubernamental notable.^[200]​ Hacia finales de la década de 1990, el populismo y la tecnocracia se desarrollaron de forma armoniosa.^[200]​

Tras la promulgación de la Constitución de 1993, el gobierno del presidente Alberto Fujimori manifestó su intención de promover iniciativas de inclusión social en colaboración con organizaciones internacionales y feministas en la Conferencia de Beijing de 1995. Sin embargo, en la práctica, su implementación fue insatisfactoria. El gobierno buscó que los programas sociales promovieran el «desarrollo» individual de las mujeres y las responsabilizaran de mantener a sus comunidades.^[201]​ Más allá de los programas sociales para combatir la pobreza, no existieron estrategias para fomentar el empoderamiento^[202]​ y se obvió a grupos como las comunidades indígena en sus discursos.^[203]​

Según el académico Luis Reyes Lostaunau, los que buscaban beneficiarse de la política fueron mayormente los trabajadores urbanos, descuidando a las poblaciones rurales y desfavorecidas de Perú.^[204]​De acuerdo con la investigadora Maruja Barrig, el poder ejecutivo en la década de 1990 se enfocó en la reducción del capital que en iniciativas sociales como el enfoque de género.^[202]​

Una vez que se concretó la no intervención del Estado en la Constitución de 1993, el gobierno peruano centró el gasto público en las zonas donde se votó en contra o en donde hubo abstención en el referéndum. Esto dio lugar a un populismo asistencial por parte del presidente Fujimori, quien asumió un papel directo en la distribución de ayuda a los pobres, inaguró servicios y actuó como figura principal de apoyo social, lo que se denominó «neopopulismo».^[205]​ Una de las estrategias de Alberto Fujimori en sus primeros años de gobierno, y considerada como tal, fue la distribución de donaciones de entidades extranjeras por parte de su familia.^[206]​

Con el crecimiento de los comedores populares para alimentar a la población,^[207]​ entre otras organizaciones de gestión local, el gobierno optó por centralizar la asistencia social. Por ello, las instituciones creadas, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa, renombrado como Qali Warma) y el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), no se cedieron a entidades subnacionales.^[208]​ Para los siguientes años, Pronaa continuó siendo una de las instituciones destinadas a beneficiar a los proveedores del gobierno.^[209]​

Asimismo, el gobierno de Fujimori se aprovechó del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs),^{[nota 2]}​ un programa importante para proveer agua (debido a que no fue privatizado) a las familias campesinas de la sierra del Perú. El diario La República denunció que los beneficiados de Pronamachcs, mayormente en situación de pobreza, fueron utilizados por el gobierno con fines políticos.^[210]​

Pocos presidentes como Valentín Paniagua evitaron que las instituciones asistencialistas fueran manipuladas por el Gobierno central.^[211]​ Sin embargo, luego de Paniagua, las políticas populistas neoliberales siguieron en vigencia, volviéndose en una regla en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.^[212]​

En 2006, Ollanta Humala elaboró un plan de gobierno en el que criticaba el modelo neoliberal y proponía una «gran transformación» inclusiva. El término «inclusión social» no apareció en ese plan de gobierno, pero fue en 2011 cuando se empezó a utilizar para sustentar la implementación de los programas sociales que se implementaron en el país para aliviar la situación de pobreza.^[213]​

En Perú, el liberalismo económico promovió el espíritu de productividad en el país. El Emporio Comercial de Gamarra, con un 99 % de pequeñas empresas, ejemplifica el éxito del emprendimiento impulsado por empresarios emergentes.^[215]​

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) fueron definidas en 1991 mediante la Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas (Decreto Legislativo 705).^[216]​ Esta ley requirió la formalización de las PYME a través de la Solicitud Simplificada de Licencia Municipal, que incluía una declaración jurada y una copia del registro único.^[216]​

Antes de su legislación, las microempresas solían ser de carácter familiar. Según un estudio de Alternativa (1997), aproximadamente la mitad de las pymes eran dirigidas por una sola persona.^[216]​ El mismo estudio encontró que los propietarios dedican entre 10 y 12 horas diarias, seis o siete días a la semana.^[216]​

Con el tiempo, las pymes constituyeron una parte fundamental de la economía nacional, representando alrededor del 90 % del entramado empresarial.^[217]​ En 2023, las pymes daban empleo al 46 % de la población activa (8.5 millones de personas),^[217]​ una cifra que ha experimentado una notable evolución respecto al 75 % de 1997.^[216]​ En 2021, una asociación de gremios de la pequeña empresa obtuvo un cupo en el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.^[218]​

Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, se crearon 250 mil empresas, en su mayoría personales, de las cuales se formaron cinco por cada una que dejó de operar.^[219]​ Según el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima en 2023, siete de cada diez nuevos emprendimientos en la capital son representados por mujeres.^[220]​

Uno de los rasgos distintivos de la población es la criollada, que reproduce uno de los rasgos de la cultura oligárquica y se caracteriza por priorizar el beneficio personal y manipulador sobre la moralidad o las normas sociales.^[221]​ Un estudio de la Escuela de Posgrado Newman en 2022 sugirió que los negociantes del país adoptaron habilidades sociales ingeniosas, producto de la criollada, para trascender en círculos nacionales e internacionales.^[222]​ Además de este rasgo social, surgieron nuevos pensamientos relacionados con la ética empresarial y la colaboración colectiva, como indicó un estudio de 2020 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.^[223]​

A partir de 1992, las emergentes empresas emprendedoras se convirtieron en un objetivo de atención para los bancos tradicionales.^[216]​ El economista Félix Jiménez señaló que cuando la economía creció significativamente gracias a la inversión extranjera en sectores primarios (1993-1997), los bancos apostaron por dolarizar su portafolio para ofrecer créditos a las empresas locales.^[224]​

Se realizaron varias iniciativas para promover el enfoque corporativo de las nuevas empresas. Una de ellas, en 2002, contó con el apoyo del Instituto Peruano de Administración de Empresas para capacitarlos.^[225]​ En 2004 se estableció la campaña Cómprale al Perú, que tenía como objetivo promover los productos fabricados por empresas locales y alentar su apreciación por parte de la sociedad peruana con miras a su exportación.^[226]​ Esta campaña contó el apoyo de marcas como Wong^[227]​ y tuvo nuevas ediciones en los años 2009^[228]​ y 2020.^[229]​

En 2023, el Congreso aprobó el reglamento para fomentar beneficios económicos a jóvenes (hasta 29 años) que quieran constituir sus propios emprendimientos. Entre los beneficios están en la reducción de impuestos y el trato preferencial como pequeña empresa.^[230]​

Cuando se oficializó la ley en 1992, el Estado llevó a cabo diversas campañas para fomentar la colaboración de los empresarios de las pymes con sus organizaciones.

En el gobierno de Alberto Fujimori, se creó en 1997 la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme), empresa que habría sido relevante en el apoyo del Estado al empresariado.^[231]​ En el año 2000, Fujimori llevó a cabo numerosos congresos organizados por los Concejos Transitorios de Administración Regional para apoyar a nuevos empresarios fuera de la capital. Esta medida fue denunciada por conseguir nuevos electores para su reelección.^[232]​

En 2008, las pymes representaron el 45 % de las adquisiciones estatales.^[233]​ En 2009, se creó el programa Mi empresa para fomentar los negocios con el Estado.^[233]​ Posteriormente, en 2013, se implementaron medidas de apoyo adicionales, entre ellas, la obligación del Estado de destinar anualmente el 40 % de sus compras a las pymes.^[234]​

En los años 2020, el Ministerio de la Producción asumió la campaña Programa Compras a MYPErú, el cual fue creado con el objetivo de impulsar permanentemente los negocios con las micro y pequeñas empresas.^[235]​ Sin embargo, el dirigente gremial René Cobeña manifestó en 2024 su desacuerdo con el desempeño del programa. Según Cobeña, dicho programa no ha ejecutado ningún presupuesto y sus Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) carecen de financiamiento gubernamental, incluido el del Ministerio de la Producción, institución que se encontraba bajo la presidencia de Dina Boluarte al momento de realizarse la crítica.^[236]​ Estas críticas coinciden con las denuncias de otros dirigentes gremiales, quienes observan que las empresas emergentes limeñas están concentrando la mayor parte de las cuotas asignadas, en detrimento de las micro y pequeñas empresas regionales.^[237]​

La importancia de formalizar las empresas para facilitar la obtención de capital y garantizar su estabilidad ha sido objeto de importantes debates. De acuerdo con el presidente del gremio de Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en 2023 había 3.1 millones de microempresas y pequeñas empresas formales. Las tres millones de empresas restantes no buscan formalizarse por temor a ser inspeccionadas y sancionadas por las autoridades.^[238]​

Imagen externa
Gráfico sobre la encuesta realizada en 2016 por GFK vía Gestión-
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El nuevo sistema económico causó un profundo impacto en los grupos de poder, los empresarios y la ciudadanía en general. En 2004, la publicación Perú: The Top 10 000 Companies, bajo la direción de José Carlos Lumbreras, determinó que 51 de las 100 empresas con mayores ingresos en el Perú durante el año 2002 eran extranjeras, con un capital total de 739.61 millones de dólares.^[239]​ Una parte de las empresas adoptó una actitud cortoplacista que buscaba vivir de las rentas, intentando obtener favores económicos del gobierno.^[240]​^[241]​

En Perú, a pesar del rápido crecimiento económico en los siguientes años por el Consenso de Washington,^[242]​ la economía informal y la corrupción generalizada han socavado el progreso.^[242]​ La corrupción creció de la misma forma que ocurrió en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde a finales de 1980^[34]​ y en 25 años ningún gobernante logró reducirla.^[243]​ En consecuencia, la debilidad de las institución dificultó el desarrollo de las organizaciones empresariales debido a la inestabilidad de los gobiernos.^[244]​

A pesar de esos problemas, el neoliberalismo se mantuvo. De las pocas instituciones estables, destaca el Banco Central de Reserva (BCRP), que no se vio afectado por las injerencias de las autoridades y permitió que los economistas especializados aborden los temas económicos en el país.^[245]​ La Constitución de 1993 estableció a la BCRP como autónoma,^[246]​ con el fin, en palabras del organismo, de «mantener la estabilidad monetaria en las últimas tres décadas».^[246]​ Además, un presidente (Julio Velarde) asumió el puesto de director por más de 15 años con la promesa de no realizar préstamos al Estado para mantener su cargo.^[247]​ Es por eso, que el autor Manuel Monteagudo Valdez consideró al BCRP como un «cuarto poder del Estado».^[248]​

La pobreza y marginación fueron los factores que alimentaron al movimiento neoliberal.^[249]​ Fuera de Lima, numerosos ciudadanos peruanos, carentes del respaldo de la élite influyente, se vieron obligados a aceptar deficiencias en servicios esenciales como educación, justicia y seguridad.^[160]​^[166]​ Además, que sus derechos laborales fueron reducidos.^[250]​ Un informe de la Defensoría del Pueblo en 2009 señaló que casi la mitad de las manifestaciones ocurridas en los primeros años de la década de 2000 estuvieron motivadas por el descontento con la inversión extranjera.^[251]​

Mientras tanto, inmigrantes de otras regionales se unieron a la clase media limeña, cuyo área de influencia se expandió a zonas aledañas del centro urbano, conocidas también como conos.^[252]​ Para cubrir las necesidades de la clase media, en 2013, el diario Financial Times destacó la construcción de centros comerciales, que se incrementaron en el gobierno de Ollanta Humala.^[253]​

Con el advenimiento de la pandemia de COVID-19, el Estado peruano ya era un ente capitalista dependiente de la economía global, con presencia burocrática.^[254]​ Eso no fue suficiente para afrontar la pandemia, que expuso la dura realidad de los ciudadanos desamparados por el Estado. Los defensores de dicha corriente ideológica atribuyeron la crisis de los servicios básicos a los escándalos de corrupción que involucraron a casi todos los expresidentes del Perú durante los años 1990, 2000 y 2010.^[255]​

La élite económica estuvo en contacto directo con las autoridades centrales para tomar decisiones. Algunos autores incluso sugirieron que estos grupos ocuparon la mayor parte del control político del país, un tema que ha sido objeto de debate.^[256]​ Las instituciones permanecieron débiles en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.^[257]​ Los peruanos empezaron a desconfiar en las instituciones públicas y ven la democracia con escepticismo.^[257]​ Además, Kent Eaton sugirió que los promotores del descentralismo regional mostraron rechazo a la corriente neoliberal.^[258]​

Con la presencia de la élite surgió el «neoliberalismo democrático» (también citado como la «república empresarial»), con la reestructuración de los grupos económicos limeños y el surgimiento de nuevos grupos en el interior debido a la liberalización del mercado. Los grupos limeños se internacionalizaron y operaron en la bolsa, mientras que los nuevos grupos del interior se beneficiaron de la apertura del mercado. Los limeños tienen mayor influencia en el Estado, los medios de comunicación y los gremios empresariales, como la Confiep.^[259]​ Esta etapa comenzó cuando la confederación empresarial respaldó la designación del nuevo ministro de Economía del gobierno transitorio de Valentín Paniagua.^[260]​

Ellos se opusieron a cambios en esta estructura, ya que sus posiciones son más conservadoras que las establecidas en el Consenso de Washington.^[261]​ Esto permitió que en Lima, que se benefició del proceso de la globalización,^[262]​ se realizara un nuevo consenso que llevó su nombre. Con el consenso de Lima, las élites obtuvieron poder de veto en el gobierno,^[112]​^[160]​^[166]​ lo que impidió que se consolidara una verdadera democracia liberal en los gobiernos posteriores a Fujimori.^[257]​

Si bien algunos organismos independientes son financieramente autosuficientes, instituciones que regulan el mercado, como el Osiptel y el Ositran, no los tienen.^[263]​ Inclusive, algunos empresarios se aprovecharon de las «puertas giratorias», una práctica en que podrían intercambiar puestos entre la empresa privada y el organismo regulador que lo supervisa. Esta práctica permaneció con el tiempo.^[264]​

El periodista César Hildebrandt argumentó que el poder político de un candidato es irrelevante, ya que siempre gana la Confiep, incluso cuando los candidatos provienen de ideologías políticas distintas a la derecha, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.^[265]​ Por su parte, Carlos Bedoya, director ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, sostuvo que la corrupción política estaba arraigada en la Confiep.^[266]​

La instrucción académica bajo el modelo neoliberal de Fujimori permitió la docencia del sector privado,^[267]​ algo que se impidió con la Constitución de 1979.^[268]​ Un rasgo importante de este modelo es la «promoción de la inversión en educación», a partir de una norma legislativa publicada en 1996,^[268]​ como supuesta alternativa a la docencia financiada por el Estado.^[269]​ Se fundamentó en la mercantilización,^[270]​ donde el lucro se establece como un objetivo legal y legítimo en la acción educativa,^[271]​ y cuyo conocimiento está a alcance de sectores con mayor poder adquisitivo.^[270]​ El educador Juan Rivera Palomino justificó que el objetivo de la reforma fue de «preparar, entrenar alumnos idóneos, eficientes, competentes y competitivos en la aplicación de conocimientos a situaciones problemáticas para que desarrolle competencias con miras al mundo laboral, al empleo y al mercado como sostienen los técnicos de la OCDE y los del Banco Mundial».^[272]​

El legado de la educación bajo esa corriente fue proponer una mayor lógica empresarial y comercial que humanista y científica.^[271]​ La instrucción promovida por organismos internacionales, no obstante, estuvo dificultada por la situación burocrática y la creación de centros de trabajo temporales propensos a cambios bruscos.^[273]​ A lo largo de casi tres décadas, bajo esta corriente, se desarrolló un panorama educativo heterogéneo y altamente competitivo.^[274]​ Según el Instituto Peruano de Economía, una parte de los colegios ofrecía una educación de alto costo, mientras que otra se centraba en la máxima rentabilidad posible.^[275]​

Adicionalmente, se observó un debilitamiento en el desarrollo de las materias sociológicas y afines a las ciencias políticas dentro de la formación universitaria.^[276]​ Una investigación sobre la Reforma Educativa Neoliberal (aquella emprendida desde 1990 con su revisión final en 1997) por la Universidad San Ignacio de Loyola dedujo en este postulado: «[La reforma] no se apoyó en la generalizada sensación de derrota del campo progresista para descalificar las estrategias educacionales demoliberales, consignar como acabado el sistema educativo tradicional y borrar de la memoria las innumerables experiencias educacionales (que se desarrollaron a mediados y finales del siglo XX)».^[277]​

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú es uno de los mayores detractores de la corriente, desde las medidas dictadas en 1991,^[278]​ por «mellar la autoestima del magisterio».^[279]​ En 2008, su secretario señaló que en un texto educativo se resaltó al período neoliberal «como si fuera la panacea del país, pero no menciona en lo absoluto las profundas diferencias que marca entre los más pobres y la clase empresarial».^[280]​

Luego del fujimorato, se intentó destinar cerca del 6 % del PBI por el Acuerdo Nacional para invertir en la educación, que posteriormente se formó el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana.^[281]​ Sin embargo, según La República, con el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos a finales de los años 2000, no se propusieron atractivas ofertas de en la mayoría de los servicios del sector educativo estatal (salvo centros de idiomas y arte culinario), sin descartar la posibilidad de realizar cambios en la legislación nacional sobre educación.^[282]​

El neoliberalismo instaurado en la década de 1990 se caracterizó por una fuerte dependencia de la extracción de recursos,^[283]​ otorgando al empresariado igualdad de derechos frente a las comunidades campesinas.^[284]​ Esto facilitó la expropiación de tierras indígenas y posteriores luchas contra esta corriente.^[212]​ Uno de ellos es el minero, donde el gobierno permitía explotar sus recursos bajo una normativa (incluido el innovador contrato-ley)^[285]​ que no se puede modificar sin el permiso de la empresa explotadora.^[286]​ Además, la corriente política impidió el monitoreo de eventuales desastres naturales, como fueron reflejados en el fenómeno de El Niño de 1997.^[287]​

Más allá del convenio, su mayor avance fue limitar el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, considerado como un «obstáculo» para el sector empresarial por sus incongruencias en el manejo de riqueza ecológica;^[288]​ mientras que en los capítulos de economía de la Constitución Política de 1993, los derechos de territorio se redactaron con ambigüedad.^[289]​ En su lugar, se formó el Fondo Nacional del Ambiente en 1997 para buscar compromisos de la inversión pública y privada en el cuidado de recursos naturales.

El asumido congresista Jorge Rimarachín Cabrera advirtió que la vigencia de las nuevas legislaciones para la inversión privada en terrenos abandonados, a lo que denominó como la «ofensiva neoliberal», propiciaron el despoblamiento de algunas comunidades campesinas y nativas.^[290]​ Uno de ellos fue el sector agrícola, que tuvo dificultades considerables al finalizar los años 1990, en parte por el fenómeno de El Niño y un decreto de urgencia (031-2000) que no ofrecía todas las compensaciones económicas.^[291]​ Aférreos a la doctrina neoliberal suelen desprestigiar propuestas alternativas ecologistas por estar aparentemente ideologizadas,^[292]​ propuestas que fueron concretándose en movimientos sociales.^[293]​^[294]​

Con poca presión de la oposición, el extractivismo en Perú permaneció en las siguientes décadas, que fue promovido por empresas privadas tras el abandono del consenso de Washington.^[295]​ Por ende, la estrategia para generar ingresos continuó de línea económica antiguorregimental,^[296]​ y el país no pudo encontrar una industria sostenible para reemplazar ese sector extractivo.^[182]​ Una de las prácticas ocurrió en Las Bambas por parte de extractores de China que se apoyó de las prácticas autoritarias dadas por el Estado con el afán de conservar el derecho a obtener recursos mineros.^[297]​

En 2014 se reveló una serie de correos filtrados desde el despacho ministerial de René Cornejo,^[298]​ en que se involucraron una disputa en la toma de decisiones en el estudio ambiental para ceder la explotación de recursos naturales por otras corporaciones.^[299]​^[300]​ Esta revelación se ajustó a las palabras de Ollanta Humala para atender una serie de reclamos de los inversores debido a la interrupción de sus operaciones. Entre los planes, apareció el «paquetazo económico», una serie de disposiciones para indemnizar las multas de las empresas del sector extractivo, que fue promovido por la Sociedad Nacional de Industrias.^[301]​

Posteriormente, organizaciones indígenas y sindicales denunciaron en 2022 la existencia de contaminación ambiental tanto en minería como en obtención de petróleo, además de exigir una norma de responsabilidad social empresarial.^[302]​ En 2023, el Ministerio de Energía y Minas estableció, mediante la publicación de un formulario, el registro de acuerdos entre empresas y comunidades indígenas.^[303]​ Sin embargo, existe permisibilidad en algunos casos, como los acuerdos voluntarios, lo cual imposibilita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental fiscalizarlos.^[303]​

En la política forestal durante el gobierno de Fujimori, por otro lado, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía exoneró de impuestos a regiones de la selva peruana,^[304]​ una medida que inicialmente tenía como objetivo compensar la ausencia de políticas de desarrollo en estas zonas.^[305]​ Como resultado, 350 distritos fueron supuestamente beneficiados de no pagar tributos.^[306]​

Sin embargo, la medida temporal fue extendiéndose con el tiempo ante una posible presión de lobbies privados y otros grupos de poder.^[306]​ El político Roger Guerra-García criticó esta medida como una aplicación tardía del credo neoliberal, indicando que la Amazonía no ha sido una prioridad para el gobierno y que sus acciones han fomentado el debate.^[307]​

Entre 1995 y 2011, las leyes promulgadas permitieron la transferencia de tierras de propiedad comunal nativa a manos privadas, con el objetivo de promover la inversión. Sin embargo, esta política generó conflictos sociales, como el de Bagua, que se produjo como consecuencia de la promulgación de un decreto legislativo que reforzaba la explotación de los recursos de la selva y su exportación.^[308]​ En 2011, el gobierno, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció la consulta previa para garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan.^[308]​

En los años 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas mantuvo una reunión con empresas privadas para establecer nuevos usos forestales para su explotación comercial en zonas que el Estado le asigna. Los detalles de la reunión no fueron hechos públicos.^[309]​ Algunas de las empresas que participaron en la reunión fueron responsables de solicitar al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú,^[310]​ entre ellas la Confiep.^[311]​^[312]​

En diciembre de 2023, la misma Confiep y once gremios empresariales más^[313]​ respaldaron la aprobación de una ley que derogó la necesidad de estudios técnicos para la clasificación de los bosques amazónicos. Esta medida, que permite el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas deforestadas,^[314]​ conduciría a que los agricultores puedan cultivar palma aceitera (cuyas empresas son responsables de desforestar 13 mil hectáreas de bosque con títulos irregulares,^[315]​ incluida Ocho Sur al usar terreno que fue anteriormente bosque virgen)^[316]​ y cultivos alimenticios sin restricciones.^[317]​ Además, según los defensores de este cambio, se pretendía beneficiar a los caficultores,^[318]​ entre otros. La ley fue promulgada el mes siguiente, sin oposición del gobierno de Dina Boluarte.^[319]​ Según Infobae, que consultó versiones cercanas al Ejecutivo, la ausencia de declaraciones explícitas del gobierno sobre la ley se debió a una prohibición directa desde la Presidencia del Consejo de Ministros.^[320]​

Esta norma fue criticada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) al infringir el derecho a la consulta previa^[314]​ y la Agencia de Investigación Ambiental por considerar a la Amazonía como un territorio a seguir colonizando.^[321]​ Uno de los representantes de la Aidesep, Julio Cusurichi, expresó que la aprobación de la norma «está hecha para las grandes industrias que van a validar la invasión de estos territorios nuestros».^[320]​ Además, diversas organizaciones civiles expresaron su preocupación por el riesgo de que esta norma favorezca a organizaciones delictivas.^[318]​ Por otro lado, algunos congresistas presentaron pedidos de reconsideración de la ley, que fueron desestimados de forma irregular;^[319]​ mientras que el Poder Judicial ordenó al Congreso a cumplir el derecho a la consulta previa antes de votar sus leyes.^[322]​ En 2024, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó un dictamen para derogar la norma debido a las preocupaciones sobre su impacto en las comunidades indígenas.^[323]​

En el ámbito de transporte público, el Decreto Legislativo 651 se promulgó para fomentar su liberalización. Con esta promulgación, también se disolvió la Empresa Nacional del Transporte Urbano del Perú (ENATRU) para permitir que los servicios de autobuses privados menos exigentes pudieran operar,^[324]​ además de otros servicios privados.^{[nota 3]}​

En este proceso de liberalización, cualquier empresario puede operar líneas de transporte en las vías urbanas, sin que sea estrictamente necesario que estén formalizadas.^[327]​ Enfocado en atender a la población de escasos recursos,^[328]​ el incremento de los servicios permitió que los conductores competieran entre ellos, arriesgando sus propias vidas. En esta nueva etapa se le conoció como la «guerra del centavo»,^[329]​ y permaneció durante en las décadas posteriores.

En el caso de Lima Metropolitana, el municipio implementó la concesión de rutas mediante ordenanzas que se emitían desde finales de la década de 1990, lo que les confirió el derecho de explotarlas.^[330]​ Como resultado, según una investigación de El Comercio en el año 2023, en Lima operaron más de 385 empresas de autobuses.^[331]​ La concesión sufrió varios cambios como la exigencia del medio pasaje en 2004^[332]​ y la unificación de las rutas en Lima en los años 2010, este último como parte del proyecto de un sistema integrado de transporte que buscaba formalizarlas.

Según Luis Quispe Candia, no se adoptaron medidas para eliminar el concepto de corporaciones «cascarón» para unificar la formalidad.^[331]​ Sumándose a la situación, conforme al periódico, algunos colectivos pretendieron formar su partido político en el año 2023.^[333]​ Los intentos de sustituir las empresas de autobuses por corredores complementarios en Lima no lograron materializarse.^[334]​

En el ámbito del consumo económico, esta corriente tuvo un impacto social significativo, dando lugar a patrones de consumo novedosos. Se destacó el establecimiento y la prominencia de franquicias internacionales en las principales ciudades, siendo Lima un ejemplo notable.^[336]​ No obstante, existe la controversia sobre el tratamiento a sus consumidores, algunos de ellos de la nueva clase media limeña. Esa controversia se manifestó en la venta de productos dirigidos a toda la población peruana,^{[nota 4]}​ la privatización de los espacios públicos y los cambios sociales de la población inmigrante.^[338]​

Antes del boom económico, el especialista Wilfredo Ardito Vega señaló que, en la década de 2000, los publicistas buscaban segmentar sus mensajes a un público específico, pero esta afirmación contrastaba con la realidad.^[339]​ La estrategia de inclusión y reconocimiento de la población andina en sus campañas publicitarias fue ausente en comparación con las realizadas en otros países, como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Sudáfrica.^[339]​

Otro detalle, a pesar de contar con pocos espacios verdes, es la concesión de los espacios públicos desde los años 1990 con la aprobación de municipios locales.^[340]​ Esto permite que la construcción de zonas comerciales como espacios de esparcimiento.^[341]​ Entre 2006 y 2011, se construyeron 20 nuevos centros comerciales en Perú, que ofrecen bienes y servicios con financiamiento bancario.^[342]​ En 2014, AméricaEconomía señaló que se planificaron construir más centros fuera del país.^[343]​

Existen estudios donde sugiere que la política neoliberal podría conducir a que el electorado en situación de pobreza elija candidatos inestables, en un contexto similar al de los movimientos sociales previos al gobierno de Juan Velasco Alvarado.^[344]​ Una encuesta realizada por Apoyo en 1998 reveló que el 68 % de los encuestados desaprobó la política neoliberal.^[345]​ En 2010, un 86 % de los encuestados por Ipsos Apoyo estuvieron de acuerdo de modificar parcial o totalmente el modelo económico.^[346]​ En 2016 fue de un 72 %, según GFK.^[346]​

En 2021, cuando Pedro Castilló entró al poder, solo un 26 % de los encuestados por Apoyo manifestaron una posición favorable al modelo económico.^[347]​ Dos años después, en un contexto de recesión, el 19 % de los encuestados por Ipsos (cifra que aumentó a 26 % en el sector rural) opinó que, si el modelo económico ha fallado, es por responsabilidad de los empresarios, sustancialmente inferior al 75 % (63 % en el sector rural) atribuido a los políticos.^[348]​

Una encuesta de Ipsos para Perú 21, compartida en 2023 por Federico Salazar, señaló que el 31 % de encuestados está a favor de que los empresarios asuman responsabilidades en cargos de alto nivel en el gobierno; en cambio, el 64 % de los empresarios está a favor de tales medidas.^[349]​

Otra encuesta de Ipsos de 2023 para Perú 21 señaló que de cada diez personas encuestadas de todos los sectores económicos, cuatro prefieren formar sus propios emprendimientos, tres ser freelancer, dos trabajar en el sector privado y solo uno en el público. Sobre el sector privado, los encuestados dieron mayor énfasis en la «creación de empleos» y «generación de oportunidades de negocio».^[350]​ En ese año, Ipsos señaló que Perú es el cuarto país en el mundo en poner en marcha algún emprendimiento, con el 54 % de los participantes, más que el 31 % del promedio mundial.^[351]​ Otros detalles ofrecidos de este estudio es que el 75 % de los emprendimientos se hicieron por cuenta propia y solo el 46 % considera el apoyo del gobierno como un elemento clave.^[351]​ También en ese año, el estudio de mercado de Credicorp presentado por Ánimo Inversionista reveló que la mayoría de los casi 1600 peruanos encuestados consideraron que la alternativa de crear empresas era la más atractiva. Esta alternativa tuvo especial interés entre los adultos jóvenes.^[352]​

Algunos comentaristas, como Christopher Gianotti,^[353]​ conductor de un magacín en TV Perú, buscaron difundir la idea de que las personas son exitosas cuando trabajan,^{[nota 5]}​ minimizando la desigualdad económica que existe en el país. Asimismo, la abogada Madeleine Osterling animó a que los empresarios rechacen a las voces opositoras, como el diario La República y las estaciones de radio regionales.^[356]​ Estas voces contribuyeron a conocer una perspectiva disidente durante la crisis política de 2021, lo cual provocó el rechazo de los políticos conservadores.^{[nota 6]}​

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