Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú) , la enciclopedia libre

Comisión de la Verdad y Reconciliación
Placa conmemorativa de las víctimas de la violencia en la ciudad de Ayacucho firmada por la CVR
Localización
País	Perú
Información general
Sigla	CVR
Tipo	comisión para la verdad y la reconciliación
Organización
Composición	12 miembros
Historia
Fundación	4 de junio de 2001
Disolución	2003
[editar datos en Wikidata]

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú (13 de julio de 2001-28 de agosto de 2003) fue una comisión de la verdad creada por el presidente Valentín Paniagua durante su gobierno de transición para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú entre las décadas de 1980 y 1990. La CVR fue una respuesta al violento conflicto interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000 durante el gobierno de los presidentes Fernando Belaúnde (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000). El mandato de la comisión era proporcionar un registro de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, así como recomendar mecanismos para promover y fortalecer los derechos humanos.^[1]​ La CVR informó sobre las aproximadamente 70.000 muertes, asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos, empleo de métodos terroristas y otras violaciones de los derechos humanos ejecutadas por el Estado, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.^[2]​ El informe concluyó que existen responsabilidades tanto institucionales como individuales, además de identificar factores raciales y culturales que se convirtieron en catalizadores del conflicto.^[3]​

La CVR ha generado controversia sobre sus estimaciones de víctimas. Un estudio posterior, publicado en 2019, desafió las cifras oficiales, estimando un total de 48.000 asesinatos y atribuyendo una mayor responsabilidad al Estado peruano en comparación con Sendero Luminoso.^[4]​^[5]​ La CVR respondió posteriormente, defendiendo la metodología de sus estimaciones.^[6]​

A pesar de ser reconocida por el éxito en la ejecución de un mandato amplio y complejo, y es estudiada por diferentes países comprometidos con la búsqueda de la verdad,^[7]​ tanto el Informe final, y la CVR, han sido objeto de diversas críticas y cuestionamientos antes, durante y después del proceso de elaboración.^[8]​

Tras la caída del régimen fujimorista en noviembre del año 2000 con la revelación de los vladivideos, las organizaciones de derechos humanos, y otros agentes como el diario El Comercio,^[9]​ presionaron al nuevo gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, para el establecimiento de una comisión de la verdad.^[10]​ En diciembre de 2000, el Gobierno de Transición de Paniagua estableció un grupo de trabajo interinstitucional,^[11]​^[12]​ integrado por representantes de los Ministerios de Justicia, Defensa, Interior y de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano; la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este grupo tuvo como objetivo explorar un mecanismo de investigación de los hechos producidos durante el terrorismo, una proposición de tareas para el sistema judicial y una política de reparaciones.

El 4 de junio de 2001, mediante el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, se creó la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos.^[13]​

En la norma se le dio los siguientes objetivos:

• Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú;
• Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades;
• Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares;
• Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y,
• Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

El 6 de junio se nombró a los miembros de la comisión: Salomón Lerner Febres (presidente) Beatriz Alva Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván Degregori, Gastón Garatea Yori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García.

En agosto de 2001 se modificó el nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En septiembre de 2001 se incluyó a 5 nuevos miembros para la comisión: Monseñor José Antúnez de Mayolo Larragán, Sofía Macher Batanero, Luis Arias Graziani, Rolando Ames Cobián y Humberto Lay Sun.

Las fuentes de información para la CVR fueron a través de la toma de testimonios mediante entrevistas.^[14]​^[15]​

También se solicitó documentos desclasificados al gobierno de EE. UU. En noviembre del 2001, en una reunión entre Salomón Lerner con el embajador de EE. UU., John Hamilton, Lerner le agradeció al gobierno de EE. UU. su apoyo financiero y le entregó a Hamilton una carta dirigida al entonces presidente George Bush para la desclasificación de documentos del archivo de EE.UU. Hamilton le explicó los tiempos de demora del proceso de desclasificación de los archivos alentándole, en cambio, a comunicarse con el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), una ONG dedicada a archivar documentos desclasificados por el gobierno norteamericano. Sin embargo, antes de la caída del fujimorismo y sin conocimiento de Hamilton, las ONG peruanas ya estaban en contacto con el NSA para recopilar una relación de hechos claves.^[10]​^[16]​

El informe final se presentó el 28 de agosto de 2003 en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las recomendaciones para que estos eventos no se repitan. A pesar de los esfuerzos de la CVR, la sociedad civil ha sido muy indiferente a esta iniciativa.

El conflicto armado producido entre 1980 y el 2000 es el conflicto armado de mayor duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente 69 280 personas,^[17]​^[18]​^[19]​ entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una "guerra popular" contra el Estado peruano. Esta se produjo en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la población y los principales partidos políticos.

El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR.^[20]​ Su estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.^[21]​

Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del conflicto interno.

La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto.^[22]​ Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tuvieron el mayor costo en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.

La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984 corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos. Este representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.

La estimación estadística de la pérdida de vidas humanas fue cuestionada en el año 2009 por el entonces vicepresidente, Luis Giampietri.

La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso fue la iniciadora y principal causante de la violencia durante el periodo de 1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Se estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por Sendero asciende a 31,331 personas, lo que representa aproximadamente el 46% de víctimas fatales de este conflicto.^[23]​

Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición maoísta en el Perú producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (prosoviético) y Bandera Roja (pro-chino). Abimael Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja.

La ideología de Sendero tomaba supuestamente como base la ideología de los pro-chinos, o sea el Maoísmo. Otro aspecto importante de la ideología senderista era que mantenían la verticalidad como principio. Es decir, su estructura organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero Luminoso).

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (o MRTA) también fue responsable de la violencia sufrida en el Perú durante las últimas décadas del siglo XX. Esta organización subversiva desató una guerra revolucionaria en 1984, momento en el cual el Perú se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado por la mayoría de la población. El MRTA es responsable del 1.8% de las muertes producidas durante ese periodo.^[24]​ El MRTA organizó el Ejército Popular Tupacamarista el cual estaba conformado por columnas de guerrilleros uniformados y con armamento de guerra. A pesar de proclamar que respetarían las Convenciones de Ginebra ^[25]​ en sus acciones armadas, el MRTA cometió graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y secuestros.

Los gobiernos de la década de 1980 fracasaron al organizar una estrategia contrasubversiva eficaz, que pudiera derrotar a las organizaciones terroristas y que respetara los derechos humanos. Se cometieron errores de diagnóstico y de estrategia. Recién a comienzos de la década de 1990 se logró establecer una estrategia que privilegiara la colaboración con la población civil y el uso de la inteligencia, lo que llevó a la derrota de las organizaciones subversivas. Se estima que los agentes del estado fueron los causantes de la muerte de más de 20 mil víctimas; no obstante, el número total de entre militantes de Sendero y MRTA era aproximadamente de 700 personas.

Fueron los primeros blancos de ataques de sendero luminoso, ya que en algunas comunidades de los andes eran los únicos representantes del Estado. Al eliminarlos SL buscaba crear un nuevo poder. El Estado respondió organizando patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo antes que en proteger a la población. Durante este proceso la Policía Nacional se sometió al mando de las Fuerzas Armadas. De esta manera se convirtieron en una fuerza auxiliar. A partir de finales de la década de 1980, privilegiaron las tareas de investigación. Esto contribuyó de manera significativa al fin de la guerra interna, al permitir la captura de la cúpula de Sendero Luminoso.

Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil personas,^[26]​ de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas.^[27]​ Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión,^[28]​ aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y de Alan García Pérez,^[29]​ sobre el periodo presidido por Alberto Fujimori, la CVR, dice:

Es esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.

^[30]​

• Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Beatriz Alva Hart - Abogada y excongresista de la república.
• Rolando Ames Cobián - Sociólogo, investigador y analista político. Exsenador de la República.
• José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, exadministrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho.
• Luis Arias Graziani - Experto en temas de seguridad nacional. Posteriormente criticó el Informe Final de la CVR por sesgos antimilitaristas.^[31]​
• Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de Juristas. Ex Congresista de la República
• Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos.
• Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
• Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
• Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
• Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y el único que hablaba de forma fluida el quechua.^[32]​
• Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado de la República.
• Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo de Chimbote y expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En contraste con el positivo recibimiento de comisiones similares en otras naciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú enfrentó una recepción dividida dentro de la sociedad peruana. Múltiples sectores manifestaron escepticismo y oposición,^[33]​^[34]​^[35]​^[36]​^[37]​ mientras que el presidente Alejandro Toledo expresó su apoyo a sus miembros.^[38]​

Alegaciones de sesgo político de izquierda surgieron de grupos conservadores.^[39]​ Partidos políticos, como Fuerza Popular,^[40]​ el Partido Aprista Peruano,^[41]​ Acción Popular^[42]​ y el PPC,^[43]​ han formulado críticas a la labor de la CVR.^[44]​ Según Jaime de Althaus, el informe «no logró la reconciliación de ambos bandos que hoy se expresan en varias vertientes, como por ejemplo fujimorismo y antifujimorismo».^[45]​

Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión. Así por ejemplo:

• La CVR ha sido criticada por denominar «conflicto armado interno» a lo que para muchos fue simplemente terrorismo. Dicho cuestionamiento se basa en que la nomenclatura usada por la CVR podría ser interpretada como una forma de conceder a las organizaciones terroristas un status de grupos beligerantes que no les corresponde, en contraposición a la designación de grupo terrorista que le otorgan el Estado Peruano y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.^[46]​^[47]​

• Se le cuestiona haber calificado el accionar de las Fuerzas Armadas del Perú en su combate al terrorismo como una práctica «sistemática y generalizada» de violación de derechos humanos.^[48]​ Partidos políticos como el APRA^[41]​^[49]​ y el PPC han cuestionado esta afirmación. El APRA declinó participar en la Comisión de la Verdad debido a su aparente «politización».^[50]​ La líder del PPC, Lourdes Flores Nano, expresó su discrepancia con la caracterización de violaciones sistemáticas de derechos humanos, afirmando que consideraba que tales violaciones no habían ocurrido en la medida descrita.^[51]​ Estos cuestionamientos han llevado a la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú a publicar su propio documento, En honor a la verdad, en 2010,^[52]​ que describe su visión conservadora del país.^[53]​

• Existe controversia en torno a la cifra de muertos y desaparecidos presentada en el Informe Final. La cifra de muertos y desaparecidos que oficialmente siempre se manejó era de 23,969 personas^[54]​ y la estimación obtenida mediante la técnica de Estimación de Múltiples Sistemas usada por la CVR elevó esa cifra a 69,280 (intervalo de confianza al 95% entre 61,007 y 77,552).^[55]​ Algunos detractores critican el hecho de que se haya presentado una estimación estadística en lugar de un conteo, mientras que otros opinan que incluso la estimación en sí misma es incorrecta.^[56]​ En 2012, uno de los integrantes de la CVR, el jurista Enrique Bernales Ballesteros, opinó que el informe podría tener yerros metodológicos.^[57]​ Asimismo, en 2015 el dirigente de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde también restó credibilidad a la cifra de muertos reportada por la Comisión señalando «yo creo que hubo muertes y son todas lamentables, una o 69 mil es igualmente trágico, pero lo que quiero decir es que han especulado en demasía, han especulado y han creado verdades totales sobre la base de medias verdades».^[58]​ El economista peruano y exprofesor asistente de Stony Brook University Silvio Rendón publicó un estudio en 2019 estimando «un total de 48.000 asesinatos, sustancialmente inferior a la estimación de la CVR» y señaló que «el Estado peruano tiene una participación significativamente mayor que Sendero Luminoso».^[59]​ El estudio de Rendón ha sido rebatido por los autores del estudio de la CVR.^[60]​

• El gobierno peruano, a pesar de que fue quien creó esta comisión, no ha aplicado algunas de las recomendaciones hechas por la CVR. En algunos casos, ingresaron al gobierno varias personas que se oponen a la misma, como Eduardo Arana, ministro que asesoró dos tesis que abiertamente tildaba de «sesgada» a la CVR.^[61]​

• En 2005 recibió el reconocimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).^[62]​
• Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR. Esto incluye un museo que lleva ese nombre.

• La elección como presidente de Alan García, muchas veces acusado con respecto a violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de 1985 a 1990 ha puesto en tela de juicio la aplicación de las recomendaciones de la comisión; dado que existe la posibilidad que en su nuevo gobierno se dé una amnistía general hacia los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.^[63]​

• La muestra Yuyanapaq, un registro visual del conflicto inaugurado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003,^[64]​ fue visitada por más de cien mil peruanos en la Casa Riva Agüero de Chorrillos, Lima.^[65]​ Yuyanapaq ha sido exhibida dentro y fuera del Perú, exhibiéndose permanentemente en el Museo de la Nación. Esta muestra formará parte del Lugar de la Memoria.^[66]​

El informe final de la CVR fue implementado de forma parcial por algunos gobiernos posteriores, con algunas matices.^[67]​

• En 2005 se estableció el Plan Integral de Reparaciones, estuvo destinada a indemnizar a las víctimas por el concepto de violaciones a los derechos humanos seguido de tomar procesos judiciales.^[68]​^[69]​ La ley 28592 estableció en su tercer artículo la definición de víctima a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos como muertes y desapariciones; caso que excluyó en su artículo cuatro a quienes participen en organizaciones subversivas.^[70]​
• Se ha anunciado la inclusión del Informe Final de la CVR en la nueva currícula de Educación Secundaria en Perú para el 2013, según dijo el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños Galdós en noviembre de 2012.^[71]​
• El gobierno de Alejandro Toledo fue criticado por no seguir las recomendaciones de la CVR.^[72]​^[73]​ En el transcurso de las elecciones presidenciales de 2011, el candidato Ollanta Humala, luego elegido Presidente, anunció que iba a seguir las recomendaciones de la Comisión^[74]​ (a pesar de estar siendo juzgado por los indicios de su implicación en violaciones a los derechos humanos en la zona de Madre Mia),^[75]​

• En 2017 se estableció por Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es en 2019 que contó con un suficiente presupuesto anual de seis millones de soles para su operación.^[76]​

Según una encuesta de la Universidad de Lima en 2003, el 85.4 % estuvo interesado en conocer los detalles del informe de CVR.^[77]​ Sin embargo, para el vigésimo aniversario, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (2023) indicó que solo un 31 % de los participantes dijeron conocer el informe final.^[78]​

Debido a que se marcaron posturas negacionistas de los delitos cometidos por terroristas, en 2012 se propuso sancionar penalmente contra el negacionismo hacia los actos subversivos.^[79]​ El proyecto de ley fue propuesto por el Poder Ejecutivo,^[80]​ en que entró en controversia por sus implicaciones en la libertad de expresión,^[81]​ además de que no fomentaba la denuncia hacia militares y otras fuerzas armadas.^[82]​ Luego de recibir críticas por la organización Human Rights Watch,^[83]​ el proyecto fue aprobado.

En una encuesta difundida por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en el año 2023 por los 20 años de publicación del Informe final, un 38% de los encuestados aseguró conocer sobre la CVR y de estos, un 42% indicó que su labor fue negativa frente a un 26% que lo calificó de positiva.^[84]​

• Conflicto armado interno peruano
• Museo de la Memoria del Perú
• Desaparecidos en el Perú durante la época de 1980 a 2000
• El ojo que llora
• Caso de violaciones en Manta y Vilca

• Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ISBN 9972-9816-4-9. 
• Arnaud Martin, La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique latine, Paris, L'Harmattan, 2009.

• Página oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
• Especial creado por El Comercio
• Especial de Agencia Perú, productora de La ventana indiscreta
• Muestra fotográfica Yuyanapaq